La administración nacional otorgó una ampliación presupuestaria de $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos luego de la cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla. El organismo había advertido que no podía continuar con tareas esenciales para la identificación de hijos e hijas de desaparecidos.
El Gobierno nacional cumplió este martes con la orden dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla y amplió el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), luego de meses de asfixia financiera que pusieron en riesgo el funcionamiento del organismo clave en las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
La resolución fue firmada por el titular del Juzgado Federal N°1 de La Plata, quien dio por cumplidas las obligaciones de la administración nacional tras el incremento de las partidas presupuestarias en $590 millones. Según las autoridades del BNDG, esos fondos permitirán garantizar la continuidad de las tareas de custodia, resguardo y análisis de muestras genéticas.
En el fallo, Ramos Padilla sostuvo que es responsabilidad del Estado argentino “no solo perseguir y sancionar a los responsables penales de los delitos investigados, sino también reparar a las víctimas y a la sociedad, reconstruyendo los hechos y garantizando el derecho a la verdad, a la identidad y a la justicia”.
El magistrado remarcó además que la restitución de identidad de cada persona apropiada durante la última dictadura “constituye una reparación hacia la sociedad en la búsqueda de la verdad y la persecución de la justicia”. Por ello, afirmó que el Estado debe “propiciar las condiciones para encontrar a cada nieto y nieta apropiados”.
Ramos Padilla destacó la importancia del BNDG
“El acuerdo arribado garantiza el correcto funcionamiento del BNDG en lo inmediato y en el transcurso del año”, señaló el juez federal, quien consideró superada la “situación de gravedad extrema” que había motivado la cautelar interina.
La continuidad operativa del organismo había quedado comprometida por la falta de recursos. El punto más crítico se produjo el pasado 8 de mayo, cuando la directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Mariana Herrera Piñeiro, envió una nota a jueces y fiscales alertando que no podrían continuar tomando muestras biológicas para realizar cotejos genéticos.
En el edificio del BNDG se conservan alrededor de 32 mil registros genéticos, en su mayoría vinculados a familias que buscan a bebés robados durante la dictadura militar o personas con dudas sobre su identidad de origen.
La intervención de fiscales y la cautelar judicial
La advertencia de Herrera Piñeiro derivó en una presentación judicial impulsada por Pablo Parenti, fiscal general de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado; junto al fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira.
Los fiscales señalaron que la falta de recursos impactaba “de manera directa” en la posibilidad de avanzar en causas por apropiación de menores y advirtieron sobre el riesgo de perder pruebas fundamentales para los procesos judiciales.
Esos argumentos fueron considerados por Ramos Padilla para dictar la cautelar que obligó al Ejecutivo a actualizar el presupuesto del organismo. En un primer momento, la Jefatura de Gabinete había previsto un aumento de $400 millones, aunque las autoridades del BNDG consideraron insuficiente esa cifra. Finalmente, se acordó una ampliación total de $590 millones.
El Gobierno cuestionó la gestión del organismo
Aunque el Ejecutivo informó días atrás que ya había iniciado las gestiones para reforzar el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos, también cuestionó el diagnóstico elaborado por las autoridades del organismo.
Desde el Gobierno afirmaron que los problemas operativos “obedecen a una gestión ineficiente de los recursos disponibles” y no a una falta de crédito presupuestario. Incluso sostuvieron que “no se observa un impedimento presupuestario para la continuidad de los servicios indispensables”.
Un organismo clave para la recuperación de identidades
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 a partir de un pedido de Abuelas de Plaza de Mayo al entonces presidente Raúl Alfonsín, con el objetivo de utilizar herramientas científicas para identificar a niños y niñas apropiados durante el terrorismo de Estado.
Desde su creación, el organismo permitió restituir la identidad de 140 nietos y nietas.
